El acontecimiento más relevante para la presidencia de Alberto Fernández ha sido sin dudas la pandemia del Covid-19. Declarada por la OMS a los 3 meses del comienzo de la actual gestión presidencial todo indica que Fernández deberá lidiar con la pandemia y con sus consecuencias, tanto en el plano sanitario, político como económico hasta la conclusión del actual período presidencial el 10 de diciembre de 2023.
La pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno para contener -sin mucho éxito por cierto- la difusión del virus agravaron los problemas económicos que la Argentina arrastra por lo menos desde 2011 -la última vez en que hubo dos años consecutivos de crecimiento económico- o incluso antes, como la inflación de dos dígitos, un fenómeno que comenzó durante el primer kirchnerismo, que se agravó durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, y que la gestión de Cambiemos no supo, no quiso o no pudo resolver.
Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a comienzos de marzo de 2020, el gobierno de Fernández recién estaba carreteando. Para aquel entonces ya eran perceptibles algunos problemas de gestión dentro del gobierno del Frente de Todos. Las disputas entre funcionarios pertenecientes a distintas facciones de la coalición gobernante ya afectaban la dinámica del gobierno, aunque con menor intensidad que la actual. El agravamiento de las guerras burocráticas entre integrantes de las distintas tribus peronistas del Frente de Todos, es una de las tantas consecuencias del deterioro económico generado por la pandemia.
Pero el impacto más severo de la pandemia se dio en el plano económico. Sin colchones para hacer una política fiscal contra cíclica, sin acceso al crédito internacional, el gobierno debió apelar en mucha mayor medida a lo originalmente previsto a la emisión como fuente de financiamiento de las medidas compensatorias para empresas y familias afectadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) o más sencillamente, por la cuarentena. Tampoco contaba el gobierno con la posibilidad de usar el tipo de cambio como amortiguador ni tenía a su disposición la capacidad para hacer una política monetaria más expansiva aún, debido a la elevada inflación que la Argentina sufre desde hace varios años.
Otros países de la región sí dispusieron de la posibilidad de acceder no solo al mercado financiero, sino que también pudieron disponer de líneas de financiamiento precautorio del Fondo Monetario Internacional, lo que les permitió financiar planes de estímulo fiscal una magnitud entre dos y tres veces mayor al implementado por la Argentina, lo cual obviamente impactó sobre sus cuentas públicas, pero sin afectar significativamente su capacidad de tomar crédito.
Lógicamente el impacto económico de la pandemia y las severas medidas de aislamiento decididas por el gobierno del Frente de Todos llevaron a un marcado deterioro de los indicadores sociales. El impacto negativo sobre el mercado de trabajo, combinado con la aceleración inflacionaria de finales del año pasado, explican el marcado aumento de la población debajo de la línea de la pobreza, un 42% de acuerdo a la última Encuesta Permanente de Hogares.
Un aspecto menos analizado es el modo en el que la pandemia trastocó el plan económico que originalmente tenía el gobierno. En los hechos, nunca se conoció tal plan, pero las primeras medidas adoptadas por el gobierno permiten hacerse una idea del plan A de la gestión Fernández. En materia inflacionaria el gobierno de Fernández confiaba que el congelamiento del dólar oficial y de las tarifas de servicios públicos permitirían frenar el ritmo de aumento de precios de los últimos meses de Macri. A su vez, el cambio en la fórmula de ajuste de las pensiones y el aumento de impuestos a la base de votantes de Juntos por el Cambio (retenciones a las exportaciones y bienes personales) permitiría hacerse de los recursos para financiar un aumento del gasto. La política monetaria restrictiva aplicada por el gobierno de Macri en su último año de gestión también daba margen para una mayor utilización de la emisión como fuente de financiamiento, sin que ello resultara en un desborde de la inflación. Pero el componente fundamental, tal vez el único aspecto que el gobierno dejó claro desde un principio, era el alivio de la “restricción externa”. Esto es, postergar los pagos de la deuda en moneda extranjera tanto con acreedores privados como con organismos internacionales, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional. La lógica política detrás de este plan es evidente: liberado del corsé de la deuda, el gobierno podría poner en marcha una recuperación económica basada en el consumo que le permitiría consolidar a través de las elecciones intermedias de 2021 y las presidenciales de 2023 un nuevo ciclo de hegemonía política como el de 2003-2015.
Puede discutirse si efectivamente semejante plan tenía alguna chance de éxito. Lo que es seguro es que la pandemia cambió drásticamente las condiciones de factibilidad de ese plan, y debió en cambio implementar una política contra cíclica sin contar con recursos genuinos para financiarla. El único elemento que sobrevivió de ese plan original fue el del alivio de la carga de la deuda. El gobierno concluyó en septiembre del año pasado una reestructuración de deuda en moneda extranjera con sus acreedores privados que alivió significativamente la carga de deuda entre 2021 y 2027. Aunque casi el 100% de los tenedores de bonos aceptó la oferta final argentina, ello no mejoró el acceso al financiamiento ni del sector público ni del sector privado. Amén de ello, aún está pendiente de resolución la reestructuración de la deuda con el Club de París -un tema que el gobierno de zanjar antes de marzo del año que viene- y fundamentalmente con su principal acreedor, el FMI, al cual le adeuda 44 mil millones de dólares. El grueso de los pagos de deuda con el Fondo cae en 2022 y 2023, lo cual sugiere que el gobierno deberá alcanzar un acuerdo antes de marzo del año que viene.
El intento de aliviar la carga externa para postergar todo lo que se pueda el ajuste fiscal que una mayoría del electorado rechazó en octubre de 2019 al votar por Fernández, es uno de los elementos del plan original del gobierno sobrevivientes a la pandemia. El otro es la lógica política. La lógica que orienta así las decisiones económicas del gobierno es fundamentalmente electoral. En una columna anterior denominé a esta lógica como “election targeting”: las decisiones económicas se ajustan en función de la necesidad electoral Obviamente semejante lógica le imprime a la política económica un sesgo claramente cortoplacista y sobre todo errático, dado que las necesidades electorales pueden a veces impulsar súbitos giros de 180 grados en las decisiones en materia económica. El plan, sencillamente es ganar las elecciones. Las primarias del 12 de septiembre de este año nos darán una mirada previa sobre el grado de éxito electoral del “election targeing”.
Ignacio Labaqui (politólogo, profesor en Universidad Católica Argentina y en la Universidad del CEMA)