El 16 de abril de 2012, Cristina Kirchner anuncia que quiere quedarse con YPF y el 7 de mayo de ese año, entra en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino.
“He emitido un decreto en el día de hoy, con la intervención de la empresa YPF, colocando al frente de la misma como interventor al ministro de Planificación Julio de Vido, acompañado en su gestión por el viceministro de Economía, Axel Kicillof” anunció la mandataria en 2012.
Al frente de esta intervención estará Julio de Vido, Mientras que Axel Kicillof estará a cargo de las acciones financieras de la compañía, según relató la misma Presidenta. Un breve seguimiento de la causa demuestra que gran parte de la culpa recae en la misma Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Zaninni, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el gobierno de los Kirchner en el período 2003-2015
A partir de allí podría entenderse la responsabilidad de los funcionarios que estuvieron al frente de YPF, más cuando ambos se negaron a realizar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones cuando expropió el 51%, algo que debería haber hecho, según indica el propio estatuto de la petrolera. “No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, dijo entonces Kicillof en el Congreso. Frente a esa arenga, el Congreso votó a favor de la expropiación.
Curiosamente esta negativa es el principal argumento de la causa que obliga hoy al Estado argentino a pagar un costo millonario al Fondo Burford, acostumbrado a litigar estos casos que le rinden jugosos dividendo.
En este caso compró a la familia Ezkenazi (dueña del grupo Petersen) el 70% de los derechos de indemnización de ese juicio por 15 millones de Euros (aproximadamente 18 millones de dólares de aquellos años) y hoy litiga para quedarse con una cifra multimillonaria.
La Justicia de los Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización por US$ 16,1 mil millones en un juicio contra el país por la reestatización de la empresa. El conflicto judicial tiene sus orígenes en 2012, cuando la Argentina reestatizó YPF al quedarse con el 51% de las acciones que pertenecían al grupo español Repsol.
La reestatización y la prohibición del giro de dividendos provocó la quiebra de 2 compañías del grupo argentino Petersen, que controlaba el 25% de las acciones. Un fondo de riesgo (Burford) compró los derechos de litigio de esas compañías e inició una demanda contra la Argentina.
Ahora la Justicia de los Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización en un juicio contra el país por la reestatización de la empresa.
La decisión fue tomada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, (discípula del Juez Thomas Griesa) que le ordenó al país entregar las acciones “Clase D” que están en poder del Estado (el 51% del total)para saldar una indemnización por US$ 16,1 mil millones dispuesta por la propia magistrada.
La demanda fue iniciada por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio de la quiebra de 2 empresas del grupo argentino Petersen, que controlaba el 25% de YPF antes de la reestatización.
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero, sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias , en general a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. En este caso compró el 70% de los derechos de indemnización de ese juicio por 15 millones de euros (por ese entonces 18 millones de dólares) y hoy litiga por una ganancia súper millonaria.
Tras la decisión judicial, el Gobierno argentino presentó un escrito pidiendo la suspensión de la medida judicial.
Kicillof, que en 2012 era viceministro de Economía y tuvo a su cargo la intervención de YPF tras su expropiación, defendió la estatización y calificó la medida como“una de las decisiones estratégicas más importantes de las últimas décadas”. En ese marco, cuestionó el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que condenó al Estado argentino a pagar más de US$16000 millones, y atribuyó el origen de la demanda a la cesión de derechos que hizo el síndico de la quiebra del Grupo Petersen, propiedad de los Eskenazi, a un fondo buitre.