La vice espera el regreso del Presidente de su gira para definir si dará su apoyo al acuerdo con el FMI. Se lo pide el mercado y hasta parte de su base
Por Fernando Gutiérrez
Hay una fecha que todo el ámbito político tiene marcado en rojo en el calendario: el martes 8 de febrero. Ese día Alberto Fernández tiene su última etapa de la gira internacional, con la escala en Barbados, y regresa al país. Lo que implica que a partir de allí Cristina Kirchner deja de ser Presidenta en ejercicio interino y recupera su «libertad» para hacer declaraciones políticas sin que se afecte la normalidad institucional.
Hasta ahora, Alberto Fernández corrió con ventaja política en el diferendo que separa a ambos sobre el acuerdo con el FMI. El Presidente pudo hacer afirmaciones sobre la negociación, sobre la renuncia de Máximo al liderazgo del bloque de diputados, pudo atribuirle a la propia Cristina un desacuerdo con Máximo y le dedicó varias frases que la vice no estaba en condiciones de responder.
Por ejemplo, que el mundo ya no era el bipolar de la guerra fría como ella pensaba, y que ni los desembolsos del Fondo Ruso de Inversión Directa ni el nuevo swap del Banco del Pueblo de China podría llegar sin que antes se concretara el acuerdo con el FMI.
Y, enlazando con la recordada frase de Cristina sobre que «la lapicera fue, es y será del Presidente», dijo explícitamente que el acuerdo con el FMI se iba a firmar pese a las diferencias de visión de la vice «porque el Presidente soy yo».
De momento, Cristina se ve imposibilitada de responder mientras esté ejerciendo la presidencia por la gira de Alberto, pero todos descartan que ya vendrá, como ocurrió en otros momentos clave de la coalición gobernante, una toma de definición, en el tono de su misiva post PASO titulada: «Como siempre, sinceramente».
En los últimos días ha ido in crescendo el reclamo -sobre todo desde la oposición aunque en voz baja también desde el peronismo- para que la vice rompa el silencio y dé las señales que todos quieren ver: ¿habrá o no una ruptura del kirchnerismo con el Gobierno? ¿Se darán los votos en el Congreso para aprobar el acuerdo? Y en el caso de que se vote con condiciones, ¿cuáles serán?
Una decisión de alto costo
Cristina sabe que su palabra es esperada no sólo por el ambiente político sino por el mercado financiero y por el propio Fondo Monetario, que no por casualidad puso como condición para la firma que el Gobierno asegure «el más amplio consenso político y social».
En principio, la reacción del mercado ha sido ambigua. Los estrategas de los fondos de inversión creen que Cristina no llegará tan lejos como para romper con el Presidente y hacer caer el acuerdo con el FMI. Sin embargo, la volatilidad continúa y el blue se encamina nuevamente a su máximo en el complicado mes de febrero.
Ahora, Cristina enfrenta un dilema: si se alinea con el discurso de Máximo y deja entrever su rechazo al acuerdo, entonces eso implicará la ruptura de la coalición gobernante, y una alta probabilidad de que se caiga el trato con el FMI. Pero Cristina no quiere que se la acuse de empujar al default ni, mucho menos, de desestabilizar a un presidente peronista.
Si, por el contrario, se muestra favorable al acuerdo, no solamente estará contradiciendo los argumentos de Máximo, sino los de ella misma, que en varias ocasiones advirtió públicamente sobre los riesgos que implicaba una negociación con el Fondo.
Entre los analistas hay tendencia a creer que Cristina no forzará una ruptura, porque implicaría una derrota peronista en 2023. «Hay trasnochados que les gustaría un quiebre ya, pero eso es facilitarle mucho las cosas a la oposición», apunta el encuestador y politólogo Carlos Fara.
«Muchos accionistas -gobernadores, intendentes sindicalistas, los que pedían racionalidad y arreglar con el Fondo- van a trabajar para suturar heridas y bajarle el volumen porque a este gobierno le queda la mitad de mandato por delante», observa.
En el Gobierno creen que, finalmente, en el Congreso estarán los votos para aprobar el acuerdo con el FMI. Aunque no está tan claro si el debate será express, como quiere Alberto, y sin tocar una coma del texto original, o si habrá modificaciones, como ya anunció Leopoldo Moreau que es la intención del kirchnerismo.
Los argumentos del «acuerdo blando»
En ese caso, está circulando una noticia que puede favorecer a Alberto para ablandar la postura de Cristina: contrariamente a lo que dijo Martín Guzmán, sobre que los desembolsos del Fondo irían llegando en cuenta gotas antes de cada vencimiento, ahora existe la posibilidad de que haya un primer desembolso grande por una cifra en torno de u$s15.000 millones.
Al menos, eso es lo que está intentando el ministro. Esa cifra, sumada a los u$s5.000 millones que reingresarían por la cuota de los DEG -que el FMI dio a sus países socios para ayudar a compensar el efecto de la pandemia y que Argentina usó para saldar los últimos tres pagos- conformarían un colchón que casi aseguraría los pagos para todo este año.
Este hecho disiparía uno de los temas que más temen e irritan al universo K: la posibilidad de que, ante un incumplimiento en el plan fiscal o un evento inesperado, el FMI pueda cortar el flujo de fondos y empujar al país a un default no querido.
No se eliminaría le venida de las misiones trimestrales, una imagen que el kirchnerismo detesta porque asimila a una intervención de la gestión gubernamental y teme que le pueda restar «capital simbólico» ante la militancia, pero daría una previsibilidad en cuanto al manejo de la caja.
Lo cierto es que también dentro del kirchnerismo hay un ala pragmática que presiona a Cristina para que exprese su apoyo al acuerdo. Afirman que si hay una derrota electoral no será por las misiones de funcionarios -algo que en definitiva sólo será material de chicanas en las redes sociales- sino por el descontrol de la inflación y la caída salarial.
Y es por eso que a esta hora se analizan con lupa acuerdos del FMI en otros países. Algunos lo hacen con el ánimo de destacar lo «blando» del trato para con la Argentina; otros lo hacen como advertencia de que un acuerdo puede derivar en crisis.
Casos emblemáticos como los de Portugal y Grecia significaron duros ajustes y caídas de ingresos para empleados públicos. Y derivaron, en el caso griego, que una coalición de izquierda se rompiera y el presidente dependiera del apoyo de fuerzas de derecha, una situación que muchos se preguntan si se podría dar en Argentina.
Más cerca en el tiempo, se firmaron acuerdos con dos naciones africanas, Gabón y Kenia, que implicaron metas fiscales mucho más exigentes que la que alcanzó Argentina: deben llegar al déficit cero en un lapso de apenas dos años.
Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, sostiene que, al lado de esos casos, el sendero de cuatro años que tiene Argentina es holgado. «Reducir el déficit primario medio punto del producto este año, según nuestros cálculos, puede alcanzarse con menores gastos en las partidas asociadas al Covid-19 (que representaron 1,6% del PIB en 2021) y una mayor segmentación en las tarifas energéticas, el punto que hace el Fondo», argumenta.
En las últimas horas, en el kirchnerismo se empezó a estudiar también el caso de Costa Rica, que se comprometió a reformas estructurales, por ejemplo en el sistema jubilatorio, que finalmente encontraron escollos políticos para ser aprobados, lo cual derivó en un corte de los desembolsos del FMI.
Este ejemplo es señalado, por un lado, como una advertencia sobre el daño potencial de incumplir alguno de los puntos comprometidos, sobre todo en un año electoral. Pero, por otro lado, es también un recordatorio de que no le falta razón a Alberto Fernández al hablar sobre la ausencia de condicionalidades políticas en el acuerdo con Argentina.
Finalmente, desde el exterior surgieron también argumentos para apoyar el acuerdo que a Cristina no le resultarán indiferentes. Uno es de su economista preferido, el premio Nobel Joseph Stiglitz, mentor del ministro Guzmán.
«El FMI no insistió, como suele hacer, en la austeridad. En cambio, el acuerdo brinda a la Argentina espacio para continuar con su recuperación económica», escribió Stiglitz, quien incluso insinúa que el caso argentino podría transformarse en un modelo a ser utilizado a futuro por otros países endeudados: «El acuerdo argentino les da la esperanza de que pueden recurrir al FMI sin que imponga una austeridad perjudicial y otras condiciones contraproducentes».
Sospechas de ajuste y motivos para romper
Claro que Cristina tiene también sus motivos para criticar el acuerdo y sostener el tono de reproche que ya inició su hijo.
Está enojada porque cree que Alberto no es lo suficientemente duro en el discurso sobre la herencia recibida. En el kirchnerismo esgrimen el dato de que las últimas encuestas muestran cómo para dos tercios de la población, la deuda es una responsabilidad de este gobierno y no de la gestión macrista.
Además, cree que no se hizo lo suficiente para hacer pagar al Fondo el costo político de haber apoyado a Macri con un programa que no sólo fracasó, sino que ha sido objetado por violentar el propio estatuto del organismo. Cristina ha dejado en claro que esa situación debe llevar al Fondo a tener algún trato diferenciado con Argentina.
Pero se fracasó con el pedido de financiación a 20 años, con el reclamo por la eliminación de sobre tasas y nunca hubo una respuesta formal a la iniciativa de Cristina en el sentido de que el FMI ayudara a solucionar el problema de la «economía bimonetaria» argentina mediante el combate a la fuga de capitales a paraísos fiscales.
Desde la perspectiva de Cristina, entonces, el hecho de que el déficit fiscal cero llegue recién en 2025 no es visto como una victoria política sino casi como un premio consuelo. Algo que ya esbozó Máximo cuando pidió «llamar a las cosas por su nombre» y dejar de hablar de negociaciones duras.
De hecho, Cristina tiene una sospecha que hasta es reflejada en medios liberales como The Economist: que en realidad lo que a primera vista parece un esquema gradualista no lo sea tanto. Porque, si no se hubiese contabilizado los ingresos extraordinarios del año pasado, el rojo fiscal no habría sido de 3,3% sino de 4,5%.
En consecuencia, teme que el recorte real deba ser de dos puntos del PBI y no de medio punto. Y que el verdadero ajuste venga por la licuación inflacionaria de salarios públicos y jubilaciones, algo que considera el preludio de una derrota electoral. No por casualidad, los sindicatos privados están cerrando encima del 50% y piden que haya un nuevo modelo de paritaria con revisión permanente.
En definitiva, Cristina tiene razones poderosas tanto como para salvar al acuerdo como para condenarlo. Es su dilema y su debate interno entre su lado estratégico, que la lleva a tolerarlo y su lado instintivo, que la impulsa a la confrontación.
